La proliferación de grandes superficies comerciales en los extrarradios y periferias ha provoca, y está provocando, nefastas consecuencias como la degradación y la pérdida de vitalidad de pueblos y ciudades (pérdida de vida urbana, desertización de nuestros barrios y pueblos con el consiguiente aumento de la inseguridad ciudadana, pérdida de empleos estables y de calidad y la sustitución de los mismos por empleos precarios y mal remunerados, destrucción de la diversidad de productos a cambio de la Macdonalización del mercado, destrucción de la vida tradicional baserritarra y desaparición de nuestro sector pesquero, de nuestro entorno al que debemos parte de nuestra identidad, masificación de la utilización del vehículo a un solo punto, marginación a aquellos grupos de población que carecen de vehículo para poder desplazarse a realizar sus compras a estos centros: jóvenes, tercera edad, inmigrantes… y la imposición a tener que surtirse de esos establecimientos denominados “delicatessen”, o tiendas especializadas, que son mucho más caras que las tiendas tradiciones, …
Consecuencias nefastas tanto desde el punto de vista social, medioambiental, laboral como de desarrollo sostenible.
Consecuencia de las cuales ya han advertido muchos países de Europa, que adelantados en el tiempo han podido comprobar y lamentar los cambios sociales, económicos, etc…., acaecidos en su territorio como consecuencia de la implantación abusiva de superficies comerciales, y que así mismo se recogen en numerosos informes y/o recomendaciones (incluso a nivel europeo) que tratan de frenar idénticas consecuencias en el restos de los Estados.
La recuperación del comercio en nuestros pueblos y ciudades es clave en el concepto de sostenibilidad urbana que se está manejando en Europa. Estamos a tiempo y tendremos la oportunidad de reconducir esas tendencias, a la vista de la experiencia de otros países, siempre y cuando el Gobierno Vasco manifieste la voluntad de hacerlo y modifique tanto el contenido de la normativa aplicable a equipamientos comerciales como los borradores previstos al respecto.
Entendemos que frente al modelo urbanístico que nos quieren implantar de ciudad dispersa (propio de las ciudades norteamericanas) debemos mantener el modelo de ciudad compacta, diversa y multifuncional (propio de las ciudades tradicionales, como las nuestras) caracterizada por un menor uso arbitrario del suelo, una mejor calidad medioambiental, un menor consumo energético, una menor presión sobre el medio rural de nuestro entorno, una recuperación de la ciudad como lugar de encuentro, de integración social, enriquecimiento de las relaciones entre los ciudadanos, etc…
Las leyes del Gobierno Vasco han propugnado la implantación de grandes superficies y equipamientos comerciales de venta al por menor en polígonos exteriores a los núcleos urbanos, en lugares periféricos de localización estratégica y apoyados en los principales enlaces de la red viaria, destruyéndose así los mejores suelos industriales y rurales, escasos en Euskadi. Estas autorizaciones van unidas a procesos de recalificación de suelos apoyados por Ayuntamientos e instituciones y que, en definitiva, vienen a encubrir auténticas operaciones especulativas e inmobiliarias que reportan enormes beneficios a las grandes empresas distribuidoras ya que posteriormente, estos centros comerciales son vendidos a multinacionales extranjeras. Fiel reflejo de estas actuaciones son los casos de Garbera en Donostia-San Sebastian, Urbil en Usurbil, El Boulevard de Vitoria-Gazteiz y del Megapark de Barakaldo en Bizkaia.
No podemos permitir que vendan nuestro país en pequeñas parcelas, empobreciéndolo e hipotecando su futuro, incluyendo el nuestro.
Consideramos que, siendo el suelo el recurso básico del urbanismo, este proceder está siempre injustificado y, más, en un país como el nuestro, donde existen millones de metros cuadrados de locales comerciales sin actividad económica, y donde se da una alarmante necesidad de suelo para viviendas de protección e industrial.
Entendemos que, en aras de unos pueblos y ciudades vivos, diversos, compactos y multifuncionales, se debe implicar al urbanismo en el fortalecimiento del comercio urbano como factor claro de habitabilidad urbana y de cohesión social, obligando así a que los equipamientos comerciales de venta al por menor y de ocio se localicen en los cascos urbanos de los municipios, fomentando la integración de las actividades comerciales en la trama urbana.
Entendemos que ha llegado la hora de analizar seriamente y con urgencia este tema, tal y como se ha hecho en Cataluña, donde se aprobó la ley 18/2005, de equipamientos comerciales. Una ley absolutamente favorable al comercio tradicional y en consonancia con el urbanismo comercial que nosotros proponemos aquí.
Hagamos pueblo sobre pueblo existente y dejemos el resto de los suelos para actividades industriales, agrícola-ganaderas y viviendas de protección, configurando así un urbanismo que, de verdad, nos interesa a la sociedad.
Consecuencias nefastas tanto desde el punto de vista social, medioambiental, laboral como de desarrollo sostenible.
Consecuencia de las cuales ya han advertido muchos países de Europa, que adelantados en el tiempo han podido comprobar y lamentar los cambios sociales, económicos, etc…., acaecidos en su territorio como consecuencia de la implantación abusiva de superficies comerciales, y que así mismo se recogen en numerosos informes y/o recomendaciones (incluso a nivel europeo) que tratan de frenar idénticas consecuencias en el restos de los Estados.
La recuperación del comercio en nuestros pueblos y ciudades es clave en el concepto de sostenibilidad urbana que se está manejando en Europa. Estamos a tiempo y tendremos la oportunidad de reconducir esas tendencias, a la vista de la experiencia de otros países, siempre y cuando el Gobierno Vasco manifieste la voluntad de hacerlo y modifique tanto el contenido de la normativa aplicable a equipamientos comerciales como los borradores previstos al respecto.
Entendemos que frente al modelo urbanístico que nos quieren implantar de ciudad dispersa (propio de las ciudades norteamericanas) debemos mantener el modelo de ciudad compacta, diversa y multifuncional (propio de las ciudades tradicionales, como las nuestras) caracterizada por un menor uso arbitrario del suelo, una mejor calidad medioambiental, un menor consumo energético, una menor presión sobre el medio rural de nuestro entorno, una recuperación de la ciudad como lugar de encuentro, de integración social, enriquecimiento de las relaciones entre los ciudadanos, etc…
Las leyes del Gobierno Vasco han propugnado la implantación de grandes superficies y equipamientos comerciales de venta al por menor en polígonos exteriores a los núcleos urbanos, en lugares periféricos de localización estratégica y apoyados en los principales enlaces de la red viaria, destruyéndose así los mejores suelos industriales y rurales, escasos en Euskadi. Estas autorizaciones van unidas a procesos de recalificación de suelos apoyados por Ayuntamientos e instituciones y que, en definitiva, vienen a encubrir auténticas operaciones especulativas e inmobiliarias que reportan enormes beneficios a las grandes empresas distribuidoras ya que posteriormente, estos centros comerciales son vendidos a multinacionales extranjeras. Fiel reflejo de estas actuaciones son los casos de Garbera en Donostia-San Sebastian, Urbil en Usurbil, El Boulevard de Vitoria-Gazteiz y del Megapark de Barakaldo en Bizkaia.
No podemos permitir que vendan nuestro país en pequeñas parcelas, empobreciéndolo e hipotecando su futuro, incluyendo el nuestro.
Consideramos que, siendo el suelo el recurso básico del urbanismo, este proceder está siempre injustificado y, más, en un país como el nuestro, donde existen millones de metros cuadrados de locales comerciales sin actividad económica, y donde se da una alarmante necesidad de suelo para viviendas de protección e industrial.
Entendemos que, en aras de unos pueblos y ciudades vivos, diversos, compactos y multifuncionales, se debe implicar al urbanismo en el fortalecimiento del comercio urbano como factor claro de habitabilidad urbana y de cohesión social, obligando así a que los equipamientos comerciales de venta al por menor y de ocio se localicen en los cascos urbanos de los municipios, fomentando la integración de las actividades comerciales en la trama urbana.
Entendemos que ha llegado la hora de analizar seriamente y con urgencia este tema, tal y como se ha hecho en Cataluña, donde se aprobó la ley 18/2005, de equipamientos comerciales. Una ley absolutamente favorable al comercio tradicional y en consonancia con el urbanismo comercial que nosotros proponemos aquí.
Hagamos pueblo sobre pueblo existente y dejemos el resto de los suelos para actividades industriales, agrícola-ganaderas y viviendas de protección, configurando así un urbanismo que, de verdad, nos interesa a la sociedad.
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